El caso de las medicinas y ali-mentos descom-puestos y las di-ferentes reac-ciones del sector gubernamental, nos llaman a una angustiada y profunda refle-xión.
Desde nuestro punto de vista, como venezolanos y como aduaneros, lo más grave no es el daño patrimonial causado, ni el perjuicio ambiental y, ni siquiera, los potenciales daños para la salud del sector más pobre del País, que es quien se aprovisiona en PDVAL, Mercal y similares. Lo aterrador es la comprobación de que en Venezuela no hay justicia y escasea la decencia; de que los órganos del Estado encargados de impartirla actúan en función de intereses grupales, en clara desobediencia a la Constitución y las leyes: el Ministerio Público es un ejecutor de venganzas políticas; el sistema judicial plagado de jueces provisorios designados a dedo, se presta a la criminalización de la disidencia y a la impunidad de los gobernantes, de manera cada vez más explícita.
Como sucedió con el affaire de RECADI hace ya varias décadas, las aduanas se encuentran involucradas hasta los tuétanos en el escándalo de la podredumbre. Es evidente que uno de los fines de los delincuentes fue extraer dólares obtenidos mediante la sobre-facturación de medicinas y alimentos que, próximos a vencer, se adquieren con grandes descuentos en el mercado internacional. Los reconocedores aduaneros, sumisos ante la calidad del consignatario, no verificaron precios con lo cual se convirtieron en cómplices por omisión del cumplimiento de sus deberes fundamentales.
Muchos de los bienes podridos cayeron en estado de abandono legal, por lo que se han debido realizar los proce-dimientos y notificaciones pautados en la ley, pero la aduana, en un papel de proxeneta inadmisible en un país decente, prefirió mirar hacia otro lado para no molestar los negocios de los poderosos.
Con deseos de equivocarnos, creemos que el colofón de esta historia de podredumbre física y moral será la impunidad, promotora de nuevos delitos. Ante ello, pensamos: Vamos mal ¡Dios proteja a Venezuela!
Desde nuestro punto de vista, como venezolanos y como aduaneros, lo más grave no es el daño patrimonial causado, ni el perjuicio ambiental y, ni siquiera, los potenciales daños para la salud del sector más pobre del País, que es quien se aprovisiona en PDVAL, Mercal y similares. Lo aterrador es la comprobación de que en Venezuela no hay justicia y escasea la decencia; de que los órganos del Estado encargados de impartirla actúan en función de intereses grupales, en clara desobediencia a la Constitución y las leyes: el Ministerio Público es un ejecutor de venganzas políticas; el sistema judicial plagado de jueces provisorios designados a dedo, se presta a la criminalización de la disidencia y a la impunidad de los gobernantes, de manera cada vez más explícita.
Como sucedió con el affaire de RECADI hace ya varias décadas, las aduanas se encuentran involucradas hasta los tuétanos en el escándalo de la podredumbre. Es evidente que uno de los fines de los delincuentes fue extraer dólares obtenidos mediante la sobre-facturación de medicinas y alimentos que, próximos a vencer, se adquieren con grandes descuentos en el mercado internacional. Los reconocedores aduaneros, sumisos ante la calidad del consignatario, no verificaron precios con lo cual se convirtieron en cómplices por omisión del cumplimiento de sus deberes fundamentales.
Muchos de los bienes podridos cayeron en estado de abandono legal, por lo que se han debido realizar los proce-dimientos y notificaciones pautados en la ley, pero la aduana, en un papel de proxeneta inadmisible en un país decente, prefirió mirar hacia otro lado para no molestar los negocios de los poderosos.
Con deseos de equivocarnos, creemos que el colofón de esta historia de podredumbre física y moral será la impunidad, promotora de nuevos delitos. Ante ello, pensamos: Vamos mal ¡Dios proteja a Venezuela!
Fuentes: Aduanas.com.ve Carlos Asuaje Sequera
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